El cobro del 5% a los servicios de telefonía que pagarán los usuarios para contribuir a la seguridad, ya es un hecho, pero algunas personas que han adquirido tarjetas de saldo prepago se están quejando que les están cobrando más de la cuota establecida.
Sobre este nuevo impuesto pesa ya una demanda en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y el Consejo Nacional de la Pequeña Empresa de El Salvador (Conapes) anunció ayer que preparan otro recurso en contra del tributo. (Ver nota aparte).
Y es que se preveía que el porcentaje para el caso de compra de saldos para teléfonos móviles se descontaría del tiempo que las operadoras brindan a los usuarios; sin embargo, algunas facturas de centros de distribución reflejan un cobro adicional.
Por ejemplo, un consumidor que compra una tarjeta de un dólar de saldo para su teléfono móvil tiene que pagar cinco centavos de dólar más, según se detalla en recibos que las distribuidoras entregan a los clientes, o si se trata de dos dólares de saldo, cancela diez centavos de dólar adicional.
Al respecto, el Secretario de Comunicaciones, Eugenio Chicas, dijo ayer que se reunirían con la Defensoría de Protección al Consumidor y la Superintendencia General de Electricidad (Siget), para aclarar el proceso que las operadoras de telefonía están aplicando en el cobro del impuesto para la seguridad.
Las declaraciones fueron en el marco del 37° Foro Anual de Parlamentarios para la Acción Global sobre “El rol de los parlamentarios en el apoyo a la Paz y la Seguridad”.
“Este mismo día (ayer) tenemos reunión con la Dirección de Protección al Consumidor para que junto a la Siget e instituciones relacionadas se vigile que el cobro de la contribución esté dentro de los parámetros de ley, debe ser incluida dentro de la factura y no como un cobro extra, de la misma manera en como se cobra el combustible”, afirmó Chicas.
Y puso a manera de ejemplo el cobro del impuesto a la gasolina. “Alguien carga por ejemplo diez dólares de combustible y dentro de ese monto está el pago de su contribución, de la misma manera debe operar en materia de telefonía”, reiteró.
Sobre estos fondos el gobierno ya definió su destino. Según Chicas, han calculado que entre noviembre y diciembre podrían recaudar un poco más de $10 millones de lo que la población pagará por los servicios de telecomunicaciones que servirán para pagar, en enero del próximo año, el primer bono a los policías, custodios de centros penales y soldados que contribuyen en tareas de seguridad. Chicas aseveró que les entregarán cuatro bonos al año distribuidos trimestralmente.
“El monto lo establecerá esta misma semana el ministerio de Hacienda para que haya certeza y confianza y tranquilidad de los ingresos que en el mes de enero van a tener nuestros cuerpos de seguridad”, agregó Chicas.
Además, el gobierno pretende buscar otras fuentes de financiamiento para la seguridad y mejorar salarios de los policías. Chicas mencionó que algunas propuestas se debaten en la Asamblea, como la no prescripción de los delitos de evasión fiscal y elevar las penas, y la obligatoriedad de la declaración patrimonial.
En días pasados policías exigieron a la Asamblea mejoras salariales, pero los diputados dijeron que se necesitaría otro financiamiento para eso. Ayer en la Comisión de Hacienda acordaron recomendar al gobierno que diseñe un decreto en el que se defina el bono y la fuente de financiamiento de esa prestación.
Fuente: elsalvador.com
